Se supone que en California debemos estar celebrando. Las recientes elecciones trajeron al poder al Gobernador Demócrata Gray Davis, a la Senadora Demócrata Barbara Boxer, y expandieron el poder del Presidente de la Asamblea Antonio Villaraigosa. Para muchos grupos comunitarios y liberales que están unidos al cordón umbilical de los Demócratas, este un gran evento, pero el Centro Estratégico viene de una tradición diferente y un grupo de experiencias diferentes-- una izquierda que está en guerra con los liberales, y los Demócratas, y también con los Demócratas de la centroderecha. En la década de 1960 la Nueva Izquierda fue creada con la premisa que Vietnam era la guerra de los Demócratas y que la principal oposición al movimiento de derechos civiles estaba formado por Demócratas racistas del Sur y liberales del Norte, los que estaban más interesados en la lealtad al partido y en los tratos que podía lograr el partido que en la liberación de los negros un siglo después de terminada la esclavitud. Hoy, la degeneración de los Demócratas es tan completa que después de Gray Davis, quien fue elegido al comprar más anuncios en televisión que los demás anunciando su apoyo por la pena de muerte y rodeado de más policías que los programas de televisión NYPD Blue y Law and Order combinados, fue bienvenido por el antiguo izquierdista Villaraigosa, quien proclamó que el electorado confirmó que deseaba "moderados" en vez de extremistas de derechas.
LOS DEMÓCRATAS EN EL PODER: LOS SUPUESTOS "PROGRESISTAS" PIDEN PLEITO Se pensaría que dicha lucha por los Derechos Civiles sería adoptada y respaldada por una mayoría, si no la totalidad, de los funcionarios progresistas electos, los líderes sindicales y los activistas. Se podría pensar que estas fuerzas progresistas apoyarían una visión de un sistema de transporte público de bajo costo, puntual y de combustible no contaminante que beneficiara a los pasajeros que lo utilizan en lugar de beneficiar a los contratistas ferroviarios y los cabilderos de la industria de la construcción que se enriquecen gracias a los proyectos de construcción de ferrocarril financiados por los contribuyentes. Se podría pensar que un movimiento que busca una redistribución masiva de la riqueza de las fuerzas corporativas a las comunidades de bajos ingresos y de la clase obrera sería una causa con la que harían frente común los progresistas. Pero nuestra lucha, y la de muchos otros movimientos sociales independientes, se ha topado con un obstáculo enorme. En los seis años de nuestra batalla contra la MTA, todavía no hemos podido contar a ningún funcionario demócrata electo, progresista o de cualquier otra convicción, como aliado de los pasajeros de los autobuses. Hemos encontrado que la mayoría de los presuntos líderes "progresistas" de los sindicatos (muchos de cuyos miembros son pasajeros de los autobuses) se muestran renuentes a tomar una posición con el Sindicato de Pasajeros. Estos funcionarios electos, líderes sindicales y demás activistas están sometidos a la estructura del Partido Demócrata. Dependen de ese mecanismo para mantener sus puestos y promueven una política que respalda el capital corporativo por encima de las necesidades de la clase obrera y la gente de bajos ingresos. En Los Ángeles ocurre gracias a los nexos que los "progresistas" establecen con las fuerzas corporativas, las estructuras sindicales conservadoras y el Partido Demócrata para aprovecharse del dinero de los pasajeros de los autobuses con el fin de usarlo en la construcción futura de ferrocarriles o para apoyar la expansión del Corredor Alameda--una infraestructura de transporte comercial que beneficia principalmente a empresas contaminadoras multinacionales y a compañías de envíos. Los asambleístas Antonio Villaraigosa, Gilbert Cedillo y Kevin Murray; los senadores estatales Tom Hayden y Richard Polanco; la concejal Jackie Goldberg; los congresistas Xavier Becerra, Lucille Royball-Allard y Julian Dixon; y otros funcionarios demócratas electos han respaldado políticas que han representado obstáculos en nuestra lucha contra la MTA. Sus vínculos con la estructura del Partido Demócrata y la gente de color con más privilegios mantienen el flujo del dinero para los proyectos de ferrocarriles en lugar de trabajar para dirigir esos fondos para apoyar los Derechos Civiles de los pasajeros de autobuses protegidos por nuestro Decreto de Consentimiento. Los pasajeros de autobuses de Los Ángeles (un 81% es gente de color; un 50%, latino; y un 60%, mujeres) son gente pobre, inmigrantes, personas discapacitadas cuyos Derechos Civiles aparentemente no cuentan para estos políticos. Desafortunadamente, el Sr. Villaraigosa era uno de los pocos amigos que teníamos en el consejo directivo de la MTA cuando fungió como suplente de la supervisora Gloria Molina. En el verano de 1994, el Sr. Villaraigosa rogó a sus colegas que no asignaran $124 millones de los fondos destinados para los autobuses a la Línea Azul (Blue Line) de Pasadena. El consejo directivo aprobó la asignación y esa acción fue un impulso enorme para nuestra demanda en contra de la MTA. El testimonio del Sr. Villaraigosa se utilizó en los documentos que presentamos en los tribunales y él estuvo listo para declarar en el tribunal sobre la ofensa misma que todavía seguimos peleando: que la MTA aumentó los pasajes de los autobuses porque estaba apropiándose de los fondos destinados a los autobuses para utilizarlos en la Línea Azul (Blue Line) de Pasadena. Durante su campaña para la Asamblea Estatal, algunos de nuestros miembros se ofrecieron como voluntarios porque pensaron que sería también nuestro aliado en Sacramento. Pero no fue así. En el verano de 1995, el asambleísta Villaraigosa, los senadores Tom Hayden y Richard Polanco y el asambleísta Gilbert Cedillo (que en esa época era el Administrador general del Local 660 del SEIU y fue miembro fundador del Centro de Estrategia Laboral/Comunitario) permitieron que se utilizaran $375 millones del dinero destinado para autobuses con el fin de compensar un desajuste de fondos en el sistema de salud pública del condado de Los Ángeles. En lugar de encabeza los esfuerzos progresistas para solucionar el problema--como imponer impuestos a las corporaciones y a los ricos o reducir el financiamiento para el Departamento del Sheriff, el Sr. Villaraigosa y otros funcionarios progresistas electos emplearon la reputación de la MTA como agencia derrochadora para transferir los fondos estatales para los autobuses al sistema de salud del condado. Lanzamos la campaña "No Siento No Pago" en la que se mostraban claramente otras fuentes de ingresos para los hospitales y se hacía énfasis en la contradicción de los políticos progresistas al tomar dinero del mismo sistema de autobuses que la gente pobre usa para llegar a los hospitales del condado. Al final, gracias a una demanda de un ciudadano se obtuvo un triunfo ante la legislatura en los tribunales. UN DECRETO DE CONSENTIMIENTO DE DERECHOS CIVILES NECESITA PROTECCIÓN ¿Cómo se sentiría usted si su sindicato firmara un contrato con la compañía y que un tercero tratara de aprovecharse de los beneficios que el sindicato haya ganado? ¿Cómo se sentiría si su grupo de derechos de inmigrantes obtuviera algunas con-cesiones del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) que beneficiara a su grupo, pero que otras fuerzas trabajaran para evitar que les dieran esas concesiones? ¿Cómo se sentiría si su organización de derechos de bienestar público consiguiera algunos beneficios médicos con el Departamento de Servicios Sociales Públicos (DPSS) y que un supervisor del condado presentara una petición para revocar la decisión? Todas estas acciones son antagonistas y serían una violación de sus contratos o convenios. Bueno, el Sindicato de Pasajeros ha firmado un contrato con la MTA y se llama "Decreto de Consentimiento." Aún más, es un Decreto de Derechos Civiles y cualquier amenaza a dicho contrato representa también una violación de los derechos humanos: el consejo directivo de la MTA se compromete a hacer una aportación de $300 millones al Corredor Alameda para beneficiar a empresas multinacionales de envíos; la concejal Jackie Goldberg actúa como suplente de Gloria Molina en el consejo directivo de la MTA y nunca presenta una petición para detener la construcción del metro, pero sí vota en el Concejo Municipal para dar $200 millones de dinero destinado para los autobuses a la Línea Roja (Red Line); el supervisor Zev Yaroslavsky presiona para transferir fondos de la ampliación suspendida de la Línea Roja (Red Line) del metro en el Eastside a la ampliación de la Línea Roja (Red Line) del metro en North Hollywood en lugar del sistema de autobuses; los asambleístas Villaraigosa y Schiff y el senador Polanco están interesados en los fondos destinados para los autobuses para usarlos en la Administración de la Construcción de la Línea Azul (Blue Line) de Pasadena. Representan todas estas acciones una violación de nuestro contrato y de los derechos civiles. Por ley no se puede violar un Decreto de Consentimiento una vez que ha sido firmado. Independientemente de que se sea socialista, liberal izquierdista, progresista o cualquier otra inclinación política, se espera que usted respalde la concesión de contratos multimillonarios a los contratistas y cabilderos de los ferrocarriles a expensas de los Derechos Civiles. ¿Apoyaría usted que se legalizara de nuevo la segregación racial porque esto ayudaría a un contratista de la construc-ción? ¿Respaldaría la prolongación de la Guerra de Vietnam si le ayudara a un contratista en la industria de la defensa? ¿Respaldaría la manipulación fraudulenta de los distritos escolares blancos segregados después del fallo del caso "Brown vs. el Consejo Directivo de Educación" en que se ordenó la integración de los niños negros? Bueno, nosotros no los respaldaríamos ni nuestros funcion-arios electos deberían hacerlo tampoco. En este mismo momento, el Sindicato de Pasajeros está luchando en los tribunales y en negociaciones con la MTA para comprar 500 autobuses adicionales, completos con 3 nuevos empleos de conductores por autobús, para reducir el exceso de pasajeros. Estamos luchando para que se agregue un mínimo de 1,000 autobuses al servicio público, y nuevamente, 3,000 nuevos empleos de conductores de autobús, junto a mecánicos y personal de mantenimiento, si es que ganamos. La MTA no puede darse el lujo de financiar el decreto de consentimiento y la línea de Pasadena, por lo que ganarán la clase obrera o los urbanizadores corporativos. Estamos exigiendo de la Legislatura Estatal y de la Comisión de Transporte de California que obliguen a la Agencia de Transporte Metropolitana (MTA), a detener cualquier transferencia de fondos a la nueva autoridad de la Línea Azul de Pasadena, y que en cambio, transfiera los fondos de regreso al sistema de autobuses. Nos vamos a reunir con Antonio Villaraigosa y Kevin Murray, quienes públicamente se comprometiaron a ayudarnos, a que vaya en contra de su propio proyecto de ley, su propio voto, para proteger $350 millones para el sistema de autobuses. En dos años se le termina su término en la Asamblea, y se oyen muchos rumores que se presentará a candidato de Alcalde. Muchos grupos comunitarios, los que ya se encuentran beneficiándose del nuevo cohecho del financiamiento estatal, se están alineando para apoyarlo. Mientras que el Sindicato de Pasajeros de Autobús no se enfoca en la política electoral, una campaña de "No" a Villaraigosa es algo que nuestros miembros están considerando. Los políticos Demócratas dicen que para tener poder uno tiene premiar a los amigos y castigar a los enemigos. Igual que en la década de 1960, atacar al partido Demócrata y a los liberales corporativos es una forma muy tangible de ganar victorias reales y reconstruir la izquierda. Es crítico que enviemos el mensaje a nuestros representantes electos y, en particular, a los nuevos líderes demócratas que tienen el control de la Comisión de Transporte de California, de que no toleraremos el uso inapropiado de los fondos públicos que se deben utilizar para mejorar las vidas de cientos de miles de pasajeros de autobuses. MARTÍN HERNANDEZ |
